El 13 de noviembre de 2001 se promulgó en Venezuela la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, un decreto impulsado por el presidente Hugo Chávez para promover la justicia agraria y redistribuir las tierras ociosas en el país. Esta ley busca romper con el latifundio, asegurar la soberanía alimentaria y favorecer a los pequeños y medianos productores agrícolas.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que la tierra debe cumplir una función social y estar al servicio del bienestar colectivo, en lugar de concentrarse en pocas manos sin un uso productivo. A través de este marco legal, se han implementado políticas de apoyo y financiamiento para fomentar una agricultura sostenible y mejorar las condiciones de vida en el campo.

Este decreto es un hito en la historia agraria de Venezuela y simboliza el compromiso del Estado con la redistribución justa de los recursos naturales. La ley ha sido clave para la construcción de un modelo de desarrollo rural que prioriza la seguridad alimentaria y la equidad social.